From March 9, 2021
Extensive, years-long investigative work by the Los Angeles County Department of Consumer and Business Affairs (DCBA) assisting the Office of California Attorney General Xavier Becerra has resulted in a $10.5 million partial settlement against Los Angeles-based retailer Curacao for business practices that unlawfully harmed primarily Spanish-speaking immigrant consumers and their families.
The settlement resolves multiple allegations included in a 2017 lawsuit filed by the Attorney General against Adir International, the parent company of Curacao, and its owner Ron Azarkman. The lawsuit alleged that Curacao lured in customers by advertising low prices and easy credit, then informed those consumers they could only buy at the advertised price after purchasing ancillary accessories, warranties, or installation services. In other cases, Curacao added items to payment contracts without the customers’ knowledge.
DCBA investigators spent hundreds of hours interviewing dozens of Curacao’s affected customers, nearly all of whom are Latino immigrants with low incomes who communicate primarily in Spanish, to collect and provide crucial evidence to support the Attorney General’s lawsuit and eventual settlement.
“Immigrants in Los Angeles County, particularly those whose primary language is something other than English, face significant challenges every day. The least they can expect is to be treated fairly and lawfully by businesses that serve and market to them in their preferred language,” said DCBA Director Rafael Carbajal. “We are pleased that the Attorney General has secured relief for consumers who need it most, and that we were able to play our part to help keep the marketplace fair for both consumers and businesses which properly follow the law.”
If you believe you’ve been a victim of unlawful practices by any business, please contact DCBA at (800) 593-8222 or file a complaint online at dcba.lacounty.gov. DCBA provides free, one-on-one support for all residents of Los Angeles County and customers of Los Angeles County businesses.
As part of the Attorney General’s announcement, Curacao must provide $10 million in debt relief for consumers who were harmed by their conduct. The settlement also includes additional debt forgiveness for customers who are still paying Curacao for unlawful small claims judgments, plus $500,000 in civil penalties. The settlement also includes injunctive terms requiring Curacao to comply with California law and treat its customers fairly and ethically. Those terms include:
- Curacao stores will prominently display a consumers’ bill of rights;
- Curacao must sell items as they are advertised, and must provide additional disclosures in its advertising;
- Senior management will review Curacao’s advertising for compliance with the court judgment;
- Curacao must fully disclose all material contract terms before asking customers to sign contracts;
- Curacao must provide customers with a contract in their language before asking them to sign;
- Debt collection efforts will be limited to one phone communication per day with delinquent consumers;
- Curacao will stop debt collection activities against, and clear the credit records for, consumers who had default judgments entered against them in unlawful small claims actions;
- A corporate ethics expert will help Curacao create and maintain an effective sales incentive, compliance, and ethics program that incentivizes lawful behavior, and that includes annual ethical culture surveys and assessments; and
- Curacao will regularly report its compliance to the Attorney General for several years and provide access to its records for review.
The settlement is a stipulated judgment that resolves part of the state’s lawsuit against Curacao. Unresolved claims related to Curacao’s illegal payment protection plans and insurance practices will be tried in Los Angeles Superior Court.
Investigación de DCBA concluye en un acuerdo de $ 10.5 millones para consumidores inmigrantes latinos perjudicados por un comerciante popular
El Fiscal General de California Llega a un Acuerdo Parcial Con Curacao en Una Demanda Alegando Múltiples Prácticas Comerciales Ilegales
Una investigación extensa, tras años de trabajo del Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios del Condado de Los Ángeles (DCBA) asistiendo a la Oficina del Fiscal General de California, Xavier Becerra, ha dado como resultado un acuerdo parcial de $ 10.5 millones. contra Curacao, una cadena de tiendas basado en Los Ángeles, por las prácticas comerciales ilegales que principalmente dañaron a los consumidores inmigrantes hispanohablantes y a sus familias.
El acuerdo resuelve múltiples acusaciones incluidas en una demanda presentada en el 2017 por el Fiscal General contra Adir International, la empresa matriz de Curacao, y su propietario Ron Azarkman. La demanda alega que Curacao atrajo a los clientes anunciando precios bajos y crédito fácil, y luego informando a esos consumidores que solo podían comprar al precio anunciado después de comprar accesorios auxiliares, garantías o servicios de instalación. En otros casos, Curacao agregó artículos a los contratos de pago sin el conocimiento del consumidor.
Los investigadores de DCBA pasaron cientos de horas entrevistando a docenas de clientes afectados por Curacao, la mayoría de ellos siendo inmigrantes latinos de bajos ingresos que se comunican principalmente en español, para coleccionar y proporcionar evidencia crucial para respaldar la demanda del Fiscal General e informo el acuerdo eventual.
“Los inmigrantes en el Condado de Los Ángeles, particularmente aquellos cuyo idioma principal no es inglés, enfrentan retos significantes diariamente. Lo mínimo que deberían esperar es ser tratados de manera justa y legal por las empresas que los sirven y hacen llegar anuncios en su idioma preferido,” dijo Rafael Carbajal, el director del Departamento de Servicios para Consumidores Y Negocios del Condado de Los Ángeles. “Estamos contentos de que el Fiscal General haya asegurado compensación para los consumidores que más lo necesitan, y que pudimos desempeñar nuestro papel para ayudar a mantener un mercado justo tanto para los consumidores como para las empresas que cumplen debidamente con la ley.”
Si cree que ha sido víctima de prácticas ilegales por parte de cualquier empresa, por favor comuníquese con DCBA al (800) 593-8222 o presente una queja en línea en dcba.lacounty.gov. DCBA brinda asistencia personalizada y gratuita para todos los residentes y consumidores del condado de Los Ángeles, independientemente de su estado migratorio.
Según el anuncio del Fiscal General, Curacao debe proporcionar $10 millones en alivio de la deuda para los consumidores que resultaron perjudicados por la conducta de la compañía. El acuerdo también incluye el perdón de deudas adicionales para los clientes que todavía están haciendo pagos a Curacao por juicios de reclamos menores obtenidos ilegalmente, más $500,000 en multas civiles. El acuerdo también incluye medidas cautelares que requieren que Curacao cumpla con la ley de California y trate a sus clientes de manera justa y ética. Esos términos incluyen:
- Las tiendas de Curacao exhibirán de manera prominente una declaración de derechos de los consumidores;
- Curacao debe vender los artículos tal como se anuncian y debe proporcionar divulgaciones adicionales en su publicidad;
- La alta gerencia revisará la publicidad de Curacao para verificar el cumplimiento de la sentencia judicial;
- Curacao debe revelar completamente todos los términos materiales del contrato antes de pedir a los clientes que firmen contratos;
- Curacao debe proporcionar a los clientes un contrato en su idioma antes de pedirles que lo firmen;
- Los esfuerzos de cobranza de deudas se limitarán a una comunicación telefónica por día con los consumidores morosos;
- Curacao detendrá las actividades de cobro de deudas y limpiará los registros de crédito de los consumidores a los que se les haya dictado sentencias por incumplimiento en acciones ilegales de reclamos menores;
- Un experto en ética corporativa ayudará a Curacao a crear y mantener un programa eficaz de incentivos de ventas, cumplimiento y ética que fomente el comportamiento legal y que incluya encuestas y evaluaciones anuales de cultura ética; y
- Curacao informará periódicamente su cumplimiento al Fiscal General a lo largo varios años y proporcionará acceso a sus registros para su revisión.
El acuerdo es un juicio estipulado que resuelve parte de la demanda del Estado contra Curacao. Los reclamos no resueltos relacionados con los planes de protección de pagos ilegales y las prácticas de seguros de Curacao serán juzgados en el Tribunal Superior de Los Ángeles.
El acuerdo de hoy se documenta en un juicio parcial estipulado que está disponible aquí.